La Encuesta Intercensal 2025 identificó que la inseguridad, la violencia y los desastres obligaron a integrantes de cientos de miles de hogares a dejar su lugar de residencia.

El desplazamiento forzado interno ha afectado a 661 mil 769 hogares en México, equivalentes a 1.52% del total, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportados este sábado 17 de octubre por medios nacionales.

De ese total, 509 mil 917 hogares señalaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que abandonar su vivienda por inseguridad delictiva o violencia. Otros 151 mil 852 hogares reportaron desplazamientos relacionados con catástrofes naturales o situaciones provocadas por la actividad humana, según los resultados publicados.

Guerrero registró la mayor proporción de hogares afectados: 3.42%, equivalente a 34 mil 99 viviendas. Le siguieron Morelos, con 2.4%, y Baja California Sur, con 2.35%. Las tres entidades superaron el promedio nacional y reflejan la diversidad de causas que pueden obligar a una familia a abandonar su hogar.

El Inegi define el desplazamiento forzado interno como la situación en que personas o grupos abandonan su residencia habitual para proteger su vida, seguridad o integridad, sin cruzar una frontera internacional. Puede estar relacionado con violencia, conflictos, violaciones de derechos humanos y desastres naturales o provocados por las personas.

Aunque ejercicios estadísticos anteriores incluían la inseguridad y los desastres entre las causas de migración, la Encuesta Intercensal 2025 presenta por primera vez datos específicos sobre desplazamiento forzado interno. El Inegi señala que el tema ganó visibilidad pública desde la década de 1990, inicialmente por conflictos agrarios y religiosos en Chiapas.

Las cifras describen hogares en los que al menos una persona fue obligada a desplazarse, por lo que no deben confundirse con un conteo exacto de todos los individuos afectados. El dato también muestra que el fenómeno no responde a una sola causa y puede variar significativamente entre estados.

La información puede servir para orientar políticas de prevención, atención humanitaria y recuperación de comunidades afectadas. Especialistas y autoridades necesitan combinar estos datos con registros locales para identificar necesidades de vivienda, seguridad y servicios. El reto consiste en garantizar protección y condiciones que permitan a las familias reconstruir sus vidas.